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Torra alegó al juez que mantuvo los lazos amarillos porque obedece a un «mandato superior»

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MadridActualizado:

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, alegó en mayo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que desobedeció la orden «ilegal» de un órgano «incompetente» como la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos porque se debe a un «mandato superior» de la ciudadanía, como informa EFE.

TV3 ha publicado este jueves un audio con la declaración íntegra de Torra del 15 de mayo. El juez Carlos Ramos aclaró que esta cinta de audio no sería entregada hasta que hubiera finalizado la campaña del 26-M para así evitar su «instrumentalización».

«Para entendernos, sí, desobedecí porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía, en la defensa de los derechos humanos», dijo Torra, a una de las preguntas del magistrado. El President también se responsabilizó de todas las decisiones que se tomaron sobre las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) acerca de la retirada de lazos amarillos y pancartas a favor de los políticos presos.

Torra admitió ante el juez que fue el «responsable de todas las actuaciones» que se adoptaron, como sustituir los lazos amarillos por unos blancos para intentar sortear la orden de la JEC, pero se defendió alegando que el cambio «en el fondo, no tuvo ninguna relevancia», ya que siguieron enviando «el mismo mensaje».

«Yo me veía en la obligación o creo que es mi deber como presidente de la Generalitat, garantizar los derechos de toda la ciudadanía y, por lo tanto, garantizar la libertad de expresión de la ciudadanía, que en esos momentos se expresaba con una pancarta que ponía ‘Libertad presos políticos, retorno de exiliados” y con un lazo», subrayó.

Durante su interrogatorio, el presidente de la Generalitat insistió ante el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que la orden dictada por la JEC era «manifiestamente ilegal», ya que no era «en absoluto» un «órgano competente».

«[La Junta Electoral] no era una autoridad superior a mí. La orden también implicaba, si se hubiese tenido que cumplir, unas competencias que yo no disponía en absoluto como presidente de la Generalitat», alegó.

Según Quim Torra, la JEC le pedía que dictara una orden -para que se retiraran los lazos amarillos y pancartas a favor de los presos de todos los edificios públicos- pero consideró que el Órgano no tenía competencias y que además lo hizo con unas «ambigüedades» que le provocaron una «indefensión absoluta».

De hecho, el presidente argumentó ante el juez que en las alegaciones que presentó la Generalitat a la JEC aportaron una relación de más de 135 folios con los bienes inmuebles afectados por la medida, donde cree que se demostraba la «imposibilidad absoluta» de cumplir con las directrices de la Junta.

Además, en su declaración, Torra aseguró que la JEC pretendía sentarle ante un juez, «bien porque desobedecía o bien porque prevaricaba».

Durante el interrogatorio por parte del fiscal superior, el presidente de la Generalitat alegó que era el ministerio público quien tendría que haber aclarado desde «el primer momento» que las órdenes de la JEC eran actos «nulos» emitidos por un tribunal «manifiestamente incompetente».

Torra continuó su apelación: «Apelo a la responsabilidad que tiene el ministerio fiscal, como garante de la legalidad, de haber sido él quien hubiese puesto de manifiesto que estábamos ante este hecho. Yo me encuentro aquí, declarando ante el TSJC, a raíz de una resolución de la JEC, que no era el órgano competente».

Torra también justificó su petición al Síndic de Greuges para que aclarase su criterio sobre la orden de la JEC -que fue partidario de obedecer al árbitro electoral y retirar las pancartas-, si bien subrayó que su postura era «tan legítima como cualquier otra».

A instancias del abogado de Torra, el juez advirtió al resto de partes -la Fiscalía y Vox, acusación popular en el caso- de que no debían informar del contenido de la declaración y pidió «laconismo y contención» al propio presidente catalán, que le respondió que se sentía en la «obligación de dar una explicación pública» de su comparecencia como investigado y que lo haría posteriormente en el Palau de la Generalitat.

En un auto del pasado 27 de junio, el magistrado Carlos Ramos dejó a Torra a un paso de juicio por desobediencia al concluir que la posibilidad de cumplir los mandatos de la Junta Electoral Central estaba «perfectamente» a su alcance y, pese a ello, optó por «persistir en la desobediencia» por su «clara voluntad obstativa a su cumplimiento».

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